“El Poder Ejecutivo adoptó una decisión anárquica o irracionalmente extrema que consciente o inconscientemente sabotea razonables criterios y dan la impresión que antes que visualizar el bien común, trasuntan falta de idoneidad, cuando toda legislación democrática debe representar una idea o un sentimiento general y todo cambio que tienda a quebrantar esa idea o la Constitución Nacional debe ser rechazado”, señala el abogado Oscar Tuma en una parte del escrito en representación del colegio. “Un decreto ley absurdo como el que nos ocupa, no tiene dentro del ordenamiento constitucional la jerarquía suficiente para establecer mecanismos que vayan contra una ley de rango superior”. “La disposición constituye un ataque manifiestamente ilegítimo a garantías constitucionales, ocasiona un perjuicio grave e irreparable a todos los habitantes de la República, por inconstitucional y cualquier violación de los derechos garantizados por la Constitución constituye un hecho grave, urgente, que requieren una rápida acción de la justicia”, señaló Tuma. Para justificar la urgencia, el abogado alega que el decreto soslaya claras disposiciones de la Carta Magna que anulan la resolución. “Es necesario que se restablezca inmediatamente el derecho de todos los ciudadanos de no ser avasallados por un antojo del Poder Ejecutivo, en razón de que este ni el Ministerio de Hacienda, ni la Dirección de Catastro están facultados a crear arbitrariamente tasas o contribuciones antojadizas”, enfatizó el letrado. El amparo quedó a cargo del magistrado Nery Joel Kunzle, que le dio trámite a la presentación.)